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TTIP, ¿un acuerdo más?

TTIP, ¿un acuerdo más?

En 2013, una declaración conjunta del presidente de Estados Unidos, Barak Obama, del Consejo Europeo, Van Rompuy, y de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, supuso el primer paso del proceso hacia la aprobación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e inversión, conocido como TTIP por sus siglas en inglés, con el objetivo de intercambiar bienes, servicios e inversiones. Si las relaciones internacionales se basan en multitud de acuerdos, ¿por qué el TTIP genera posturas opuestas entre defensores y detractores? ¿Qué consecuencias tendrá para las administraciones públicas y para la ciudadanía?

En junio de 2016 se cumplían tres años desde el inicio de unas negociaciones cuyo final se preveía en 2015. Lejos de ser así, en otoño habrá elecciones en Estados Unidos, y acaba el mandato de quien impulsó el acuerdo, el presidente Obama, sin que se vislumbre el final del proceso. El relato genera más interrogantes que respuestas.

Por ejemplo, ¿por qué se acusa a los negociadores de falta de transparencia y ocultación del contenido del acuerdo?

Quizás una de las claves está en el análisis que realiza el director del think tank CIBOD, Jordi Bacaria: se trata de dos potencias, Estados Unidos y la Unión Europea, que ocupan el 30% del comercio en todo el mundo y representan casi la mitad del PIB mundial; se intercambian al día 2.000 millones de euros en bienes y servicios. A la luz de estos datos, parecería lógico el argumento de la búsqueda de entendimiento en beneficio de ambas partes. Pero lejos de generar entusiasmo, el oscurantismo con el que se ha llevado a cabo el proceso ha provocado la reclamación de muchos colectivos por conocer los entresijos de la negociación y alguna que otra filtración, como la de la organización Greenpeace en mayo de 2016, que hizo saltar las alarmas de la Comisión Europea. Según el portavoz de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto, los documentos ponen de manifiesto que “las dos potencias están anteponiendo los beneficios empresariales a los intereses de la ciudadanía”.

Las acusaciones de secretismo y ocultación parecen estar fundamentadas después de que, tras la filtración, la Comisión Europea suspendiera las salas de lecturas en las que se evaluaban los anexos de los resultados de las rondas de contacto entre la UE y EE.UU por el TTIP. Además, incluyó la presencia de un segundo miembro de seguridad si en la habitación entran más de seis personas a leer los documentos del TTIP, mientras que hasta la fecha solo había un supervisor. Además, se incrementaron las comprobaciones de los dispositivos y pertenencias personales que lleven consigo los visitantes, para prevenir la posible entrada en las salas de cámaras ocultas en relojes o en bolígrafos; además, se limitó el número de documentos que pueden ser repasados por una de las personas que entre a la sala de lectura para evitar que puedan ser leídos de una vez por una sola persona, lo que consideraban que facilitaba la filtración.

Para los defensores del TTIP, entre las ventajas derivadas de su aprobación, según la información de la representación en España de la Comisión Europea, se contarían:

  1. Para las pymes, los beneficios de la supresión de los aranceles que si existen, incrementan el coste de un producto pudiendo impedir que vendan sus productos al otro lado del Atlántico.
  2. Para las pymes, se afirma que serían muchos los beneficios de las barreras no arancelarias. La representación española las define en su web como “las reglamentaciones innecesariamente complicadas o costosas que restringen el comercio y limitan la innovación”. Contra esto va el TTIP, afirman, “sin perder los niveles de protección que hemos alcanzado en Europa”.
  3. En cuanto a los servicios, se apunta a la posibilidad de que proveedores de dichos servicios (abogados, contables, arquitectos, consultores de servicios medioambientales) que trabajan en pequeñas empresas que a menudo forman parte de la cadena de valor de grandes compañías, puedan beneficiarse del acceso al mercado transatlántico y de más seguridad jurídica.
  4. En cuanto a la contratación pública, se afirma que el acuerdo da un paso hacia la transparencia y el acceso a ella de las pequeñas empresas, y que eliminaría los obstáculos que Estados Unidos tiene a la participación de empresas europeas en sus licitaciones públicas, con lo que ello podría reportar para la creación de oportunidades de empleo.
  5. El TTIP, según defiende la representación en España de la Comisión Europea, facilitaría procedimientos aduaneros más previsibles, sencillos y uniformes para facilitar el comercio, reduciendo los costes, retrasos, burocracia en la frontera y beneficiando así a los pequeños exportadores y productores, y a los minoristas, mayoristas y empresas de logística y transporte.
  6. En cuanto a los derechos de propiedad intelectual e industrial, se asegura que el TTIP servirá para reafirmar el compromiso por su rigurosa protección para las pymes, e incluso respecto de los demás socios comerciales.
  7. En cuanto al comercio electrónico, se afirma que la venta de productos sin derechos de aduana favorecería que más pymes utilizaran esta vía para ofrecer productos y servicios, lo que implicaría un incremento de los ingresos y la creación de empleo a nivel local.
  8. Por último, se afirma que muchas pequeñas empresas que no exportan directamente a la Unión Europea o Estados Unidos se beneficiarían de este acuerdo mediante la venta de bienes y servicios intermedios a empresas que sí operan en el mercado transatlántico, logrando la generación de beneficios a través de las cadenas de valor.

Hasta aquí los supuestos beneficios, que, según un amplio colectivo de organizaciones, especialistas y gobiernos locales, tienen una cara B.

Entre ellos se cuenta Juan Torres, catedrático en la Universidad de Sevilla en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política e integrante del Consejo Científico de ATTAC España.

Torres alerta de las potencias imperiales y grandes corporaciones que desean conquistar o hacer negocios en ellas sin decirles abiertamente sus intenciones, sino que tratan de embaucarlas haciéndoles creer que lo mejor para sus intereses es abrir las puertas a los poderosos. Es esto lo que ocurre con el TTIP y antes con otros tantos, que se suscriben cuando se convence al más débil de que el libre comercio es lo más ventajoso para todos. En una conferencia que puede verse en su blog, Torres afirma que lo que la Teoría Económica ha demostrado es que el libre comercio ofrece resultados superiores a cualquier otro sistema si se cumplen una serie de condiciones que son:

  • Que los mercados sean de competencia perfecta, es decir, que en ellos ningún productor ni consumidor tenga más poder que otro sobre los precios.
  • Que el producto sea idéntico siempre, sin ningún tipo de diferencia.
  • Que la información de consumidores y productores sobre las condiciones en que funciona el mercado sea perfecta, total y gratuita, sin barrera de entrada y salida al mercado. Y además, que todos los costes generados por los intercambios sean tenidos en cuenta en el cómputo de los precios.
  • Debe darse que los efectos negativos que pueda tener el libre comercio, por ejemplo, que una empresa exterior disminuya la renta de personas o empresas, deben ser siempre compensados para que los ingresos totales no disminuyan.
  • Que los despedidos de las industrias afectadas como consecuencia de que una nación de fuera permita que los productos de fuera entren en su interior, encuentren trabajo en las   industrias nacionales que tienen ventajas respecto al exterior.
  • Que no existan costes derivados de los cambios que haya que hacerse para ajustarse a las condiciones que imponga la competencia con el exterior: desmantelamiento de fábricas, desplazamiento de personal, etc.
  • Que los individuos cobren en función de sus habilidades personales en cualquiera que sea la industria en la que estén colocados, de manera que sigan cobrando los mismos salarios aunque sean trasladados a otro puesto de trabajo.

Solo si se dan estas condiciones, el libre cambio es preferible a cualquier otro sistema, afirma el catedrático de Economía. Según Juan Torres, es imposible que estas condiciones se den en la realidad, porque la inmensa mayoría de los mercados del mundo son imperfectos. Las ventajas, por tanto, afirma Torres, solo se dan en la fantasía o en la mente calenturienta o interesada de quien cree que esas condiciones pueden darse en la realidad. La prueba de ello es que no hay ni un solo país que haya alcanzado mínimas cotas de progreso y avance económico practicando el libre cambio frente a sus competidores. Los países más avanzados, Estados Unidos, Japón, los europeos, han sido siempre proteccionistas. Han protegido a sus industrias, a sus consumidores y a sus intereses económicos y luego han intentado convencer a los demás de las ventajas del libre cambio para, después de haber engordado gracias a las ventajas del proteccionismo, seguir haciéndolo en las economías de los demás.

Juan Torres llama la atención sobre las mentiras que habitualmente acompañan a los discursos con los que se justifican este tipo de acuerdos. En su opinión, no hay nada más injusto que tratar igual a los desiguales. Esto es lo que multiplica y agiganta la desigualdad. Puede parecer, afirma Juan Torres, que los alimentos que consumimos a diario (con transportes equivalentes, de media, a los 4.000 kilómetros) son más baratos. Algo que es falso, porque no se contabilizan los costes del destrozo ambiental, la energía consumida, los desechos, el daño material e inmaterial a la naturaleza y otros seres humanos, ni el de las pérdidas de empeño que se generan aquí y en origen.

Tratados como el TTIP son extraordinariamente positivos para las grandes empresas porque reducen costes y dificultades, porque les abren las puertas del gallinero cuando quieren comportarse como zorros.

Los argumentos de las organizaciones sociales

La organización ATTAC está llevando a cabo una intensa campaña informativa sobre los aspectos negativos de este tratado. De forma resumida, alertan de los riesgos del TTIP:

  • Una posible eliminación de salvaguardas y degradación de normas y regulaciones en materia social, laboral, alimentaria, medioambiental, sanitaria y energética, vislumbrándose un recorte generalizado de los derechos fundamentales de la población y un poder de influencia sin precedentes para las grandes corporaciones.
  • Varias regulaciones previstas por el TTIP serían contrarias al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Además, los posibles impactos del Tratado sobre las reglas de seguridad alimentaria afectarían directamente a las y los consumidores causando problemas de salud.
  • En el ámbito de la salud y de la educación pública, el Tratado reforzaría la liberalización de los mercados de servicios, es decir, una mayor privatización de los servicios públicos, a pesar de que una amplia mayoría de la población se opone rotundamente a ello.
  • En un contexto de economía de casino financiero y responsable de la actual crisis, que impacta gravemente en los derechos básicos de la población mediante los recortes actuales, preocupa el objetivo del TTIP de liberalizar aún más los servicios financieros que podría impedir a la administración regular el sector financiero, restringir fusiones y adquisiciones, establecer impuestos y tasas a bancos y transacciones financieras, así como establecer un control de los capitales.

¿Y las consecuencias para los municipios y comunidades autónomas?

Pese a la escasa y confusa información al respecto, el TTIP ha provocado la reacción también de los gobiernos locales.

A las organizaciones sociales y los sindicatos, se han sumado cientos de municipios que han secundado la 'Moción Europea de Oposición a la aplicación del TTIP'. Consideran que el acuerdo pondrá a los gobiernos estatales, regionales y municipales en manos de los intereses de las grandes empresas trasnacionales y de los inversores especulativos. Consideran que para los municipios la aprobación supondría la completa liberalización de los servicios públicos, poniendo en peligro su funcionamiento y la totalidad de las compras públicas, comprometiendo la facultad de las administraciones locales para administrar sus comunidades y promocionar la industria, el empleo y las iniciativas locales.

Afirman que el documento ignora cualquier legislación nacional o local en materia de inversiones, gracias a la cláusula ISDS, según la cual el árbitro es juez y parte y que permitiría a las grandes corporaciones llevar ante los tribunales a los gobiernos, local, regional y estatal, en caso de que consideraran perjudicados sus intereses y beneficios.

En Alemania, Austria y Francia, donde se lleva más tiempo con esta acción, cientos de municipios han conseguido ya que sus respectivos ayuntamientos se hayan declarado libres del TTIP.

Foto: Angula Berria

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