28 Septiembre, 2020 · Publicado en Comunicación

'Abrazamos la diversidad': FAMSI lanza una campaña de los gobiernos locales por los derechos LGBTI+

Es una campaña que forma parte del proyecto 'Municipios por la diversidad sexogenérica', un programa de capacitación y sensibilización de las administraciones locales para la defensa de los derechos de las personas LGBTI+, financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, con la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, y por el Ministerio de Sanidad, y cofinanciado por la Diputación Provincial de Sevilla. El proyecto pretende involucrar y fortalecer a los gobiernos locales en la defensa de los derechos de ciudadanía de las personas LGBTI+, fomentar el posicionamiento político en contra de cualquier tipo de discriminación por razones de diversidad sexual y transferir buenas prácticas entre municipios.

El proyecto desarrollará tres líneas de intervención: en primer lugar, una línea de capacitación sobre atención a la diversidad sexual desde los servicios públicos, que consiste en una formación online destinada al personal técnico y electo de los ayuntamientos, así como de las diputaciones provinciales, sobre conceptualización y marco teórico de la defensa de la diversidad sexogenérica, normativa aplicable e implicaciones prácticas para los gobiernos locales.

Una segunda de sensibilización hacia los propios gobiernos locales y de apoyo para acciones de sensibilización a la ciudadanía. Para ello, se han desarrollado materiales de sensibilización en formato digital para ser utilizados en webs y redes sociales de los ayuntamientos, y se producirá material divulgativo e informativo para exponer en los espacios públicos de los ayuntamientos; el objetivo es identificarlos como 'espacios libres de discriminación por motivo de orientación e identidad sexual'.

La tercera línea de trabajo busca promover iniciativas locales de visualización del compromiso de los gobiernos locales en el respeto a la diversidad sexogenérica y la lucha por los derechos de las personas LGBTI+ y sus familias. 

La campaña de sensibilización consta de seis vídeos cortos para uso de los gobiernos locales, producidos por la Federación Andaluza Arco Iris. Se trata de recursos elaborados como material de sensibilización para sus redes y webs. Cada uno de los vídeos está orientado a distintas áreas municipales, y a los colectivos a los que atienden. En 60 segundos, para ser compartidos en redes sociales, cada una de las píldoras audiovisuales aporta información, claves y conocimientos para conocer qué significa y como vivimos en comunidades diversas desde el punto de vista sexogenérico, aunque a veces no se visibilice. 

Desde el próximo 2 de octubre, cada semana, se irá lanzando cada uno de los seis audiovisuales realizados. 

• Municipios por la diversidad sexogenérica.
• Policía, seguridad y delitos de odio.
• Juventud.
• Mayores.
• Cultura. 
• Deporte. 

Todos estos contenidos serán compartidos, además, en las redes del FAMSI.  

Una diversidad no respetada pero presente en el Estatuto de Autonomía de Andalucía

El marco normativo que busca garantizar los derechos, la no discriminación y la igualdad de trato es amplio. El Estatuto Andaluz, en el Artículo 14 del Título sobre Derechos sociales, deberes y políticas públicas, prohibe toda discriminación ejercida, entre otras, por razón de orientación sexual; en su Artículo 35 del capítulo II de Derechos y Deberes contempla expresamente el derecho de toda persona "a que se respete su orientación sexual y su identidad de género, añadiendo el deber de los poderes públicos a promover "políticas para garantizar el ejercicio de este derecho". Estas indicaciones se completan con el Artículo 37.1.2º que proclama como principio rector de las políticas públicas de la Comunidad Autónoma la lucha, entre otros aspectos, contra el sexismo y la homofobia, "especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad". 

La Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, supone un gran logro en la regulación normativa de la lucha contra las injusticias y la consecución de la igualdad real y efectiva de las personas LGBTI. Reconoce la injusticia y la situación de discriminación a la que se han visto sometidas las personas por su identidad y orientación sexual, y avanza en la adopción de medidas que garanticen resultados tangibles en la reducción de esta discriminación, que aún hoy continua desgraciadamente siendo objeto de portadas y noticias.

Complementa a la ya pionera Ley 2/2014, de 8 de Julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía.

Ambas leyes se complementan y están en línea con lo contemplado en la Ley 9/2018, de 26 de Noviembre, para la promoción de género en Andalucía, que establece garantías en materia de igualdad de género y especifica el papel de la administración en la defensa de la igualdad de género. La ley que incorpora define y delimita esta función establece mecanismos que permiten a la ciudadanía reclamar ante situaciones en las que se entiende que se conculcan los derechos a la igualdad de género y a la no discriminación. 

Estas leyes, junto a otras muchas disposiciones promulgadas hasta ahora en la Comunidad Andaluza, hace pensar que los colectivos LGBTI+ y sus familias tienen a su disposición el marco legal más completo que existe en esta materia en España. Sin embargo, quedan cuestiones que regular y sobre todo, otras muchas que implantar. 

Los datos de la desigualdad 

Según el Ministerio del Interior del Gobierno de España, en su Informe sobre delitos de odio 2019, la orientación sexual y la identidad de género constituye, junto a la xenofobia y la ideología, una de las causas principales de los delitos de odio. Las amenazas, injurias y discriminación, se computan como los hechos delictivos que más se repiten, siendo internet (45,2%) y las redes sociales (25,9%), los medios más empleados para la comisión de estos hechos y los hombres, quienes mayoritariamente cometen estos delitos.  

Según la Unión Europea solo se recoge en torno al 10% de los delitos de odio, porque hay resistencia a formalizar las denuncias, y especialmente es difícil poner freno a este fenómeno en las redes sociales. Según Movimiento contra la Intolerancia, Andalucía es una de las comunidades españolas que registra más delitos de odio, llegando en 2017 a más de 600 delitos. La vergüenza o la homofobia interna, el miedo a una doble victimización y a las represalias constituyen los principales factores que dificultan las denuncias, haciendo que resulte especialmente difícil disponer de estadísticas y datos fiables de la envergadura del fenómeno. También hay datos para la esperanza; en una escala de 1 a 10 sobre la aceptación de la homosexualidad, España aparece como el séptimo país más tolerante de la OCDE con una nota de 6,6, por detrás de Islandia (8,3), Suecia (8,1), Holanda (7,6), Noruega (7,4), Dinamarca (7,3) y Suiza (6,8). Esta tolerancia aparece íntimamente relacionada con la existencias de unas fuertes políticas de igualdad de género.

La Agenda 2030 y la población LGBTI+

El informe For all The Sustainable Development Goals and LGBTI People (2019) explica la relación entre la agenda LGBTI+ y la Agenda 2030.  Para ello menciona como prioridades del desarrollo de este colectivo seis diferentes dimensiones: la salud, la educación, la pobreza, la seguridad, la familia y el reconocimiento legal al género, y relaciona estas dimensiones con los ODS y sus respectivas metas. Por ejemplo, frente a la dimensión de la salud establece como una de las principales problemáticas de la población LGBTI+ su bajo acceso a los servicios de salud debido al estigma y la discriminación de muchos de los prestadores de salud, la falta de servicios de salud que atiendan las necesidades especificas al género o la orientación sexual de la población LGBTI, así como servicios orientados a suplir las demandas insatisfechas en salud sexual y reproductiva específicos de mujeres lesbianas y/o los procesos de hormonización en la población trans. 

Además, establece que esta dimensión del desarrollo LGBTI+ se encuentra plasmada en diferentes partes de la Agenda, pero en especial en el ODS 3 (Salud y Bienestar) que aborda diferentes metas relacionadas con barreas que enfrenta esta población.  

Con esta iniciativa, el FAMSI quiere contribuir a lograr la Agenda 2030 y en especial, los ODS: