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El V Plan Director de la Cooperación Española sale adelante sin presupuesto y sin apoyo en los agentes de la cooperación

El Gobierno ha cumplido el camino que se había trazado: aprobar un documento que justificara un año de retraso en la elaboración de un Plan que por ley es obligado para la planificación de la política española de cooperación internacional, hacerlo sin presupuesto, y afirmar que ha sido 'participado'. Una definición cuestionable, si se tiene en cuenta el rechazo mayoritario y las incorporaciones admitidas tan anecdóticas, que ni siquiera se han dado a conocer. ¿Cómo ha sido el proceso y de qué modo lo ha llevado a cabo?

La aprobación se producía el pasado 23 de marzo, en Consejo de Ministros. Hasta llegar ahí, ha ido pasando todos los trámites, escuchando a los agentes de la cooperación española y a los partidos de la oposición, pero haciendo caso omiso de las objeciones que han puesto al documento. La principal: falta de un marco prespuestario que permita 'creer' en la voluntad que expresa la letra. Y es que la cooperación española ha decrecido de manera vertiginosa desde 2008, cuando se situaba en un 0,4%, hasta 2015, cuando se situó en su momento más raquítico, con un 0,15% de la Renta Nacional Bruta.

En 2017 el responsable de cooperación hablaba de un porcentaje situado en el 0,21%, pero es que esta cifra supone que España se sitúa en el nivel que tenía a finales de los 80, en cuanto a dotación de fondos. Según el informe que realiza OXFAM Intermon sobre la realidad de la ayuda, los fondos comienzan a caer en 2010, aún en el último gobierno socialista, coincidiendo con el recrudecimiento de las crisis incipientes de años atrás. Decaía la mejor etapa de la cooperación española, cuando dedicaba, en 2009, un 0,46% del PNB a cooperación internacional. En 2010 descendió a un 0,43% y en 2011, el año en que el Partido Popular recupera la presidencia del país, la cifra baja hasta un 0,29%. De ahí en adelante, las caídas se han acercado bastante a la desaparición de estas políticas públicas. En el año 2012 fue de un 0,16%, en 2013 de un 0,17% y en 2014 de un 0,13%. El punto más bajo se sitúa en el año 2015 cuando la AOD baja hasta un 0,12%.

En 2015 llega al punto más bajo de la historia (la cifra más cercana la encontramos en 1989, con un 0,14%), coincidiendo, de forma paradójica, con la aprobación de la Agenda 2030, un nuevo compromiso mundial lanzado por Naciones Unidas para renovar y ampliar de forma considerable los objetivos que se habían fijado para 2015, los ODM. La Agenda 2030 logra un consenso hasta entonces inédito, después de años de consultas y diálogos con las partes interesadas en alcanzar un plan de acción que partiera de las políticas públicas, de la transversalidad y la territorialidad, para permitir que nadie se quedara atrás, en la medida de sus posibilidades, en la consecución de objetivos, grandes epígrafes, y metas, cientos de caminos interrelacionados y conectados, en tres vertientes: sostenibilidad ambiental, económica y social. En Addis Abeba, la Cumbre sobre Financiación del Desarrollo vendría a completar este ambicioso plan, estableciendo unos objetivos también relativos al compromiso económico de todos los países, ricos y en desarrollo, cada cual en distinta medida, en función de su realidad. España también se adhirió al Plan, pero la financiación que dedica a día de hoy es, apenas, la que necesitó alcanzar para ser admitido en el Comité de Ayuda al Desarrollo, a cuyos miembros exige una ratio AOD/RNB de un 0,20% (o bien 100 millones de dólares en volumen). España alcanzó el 0,20% RNB en 1990 y se adhirió al CAD en 1991, llegó al gobierno en 2011 y empezó a bajar a ritmo acelerado el volumen de fondos destinado a cooperación.

Entre tanto, la Unión Europea se sitúa en el 0,51% y algunas comunidades autónomas, como Andalucía, no han reducido sus fondos, manteniendo firme el compromiso con la cooperación. También lo han hecho diputaciones andaluzas, como la de Sevilla, y ayuntamientos que siempre vieron en la cooperación internacional una responsabilidad en el ejercicio de las políticas públicas, pese a que hasta la legislación les hizo dudar de sus competencias para llevarla a cabo. Fue una de las consecuencias de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, reformando el régimen local en 2013 en virtud de un "objetivo de cumplimiento de estababilidad presupuestaria" y despertando dudas sobre las competencias municipales en materia de educación, salud, servicios sociales e inspección sanitaria. Según a quién se le pregunte, esta fue una de las "razones" o una de las "excusas" que facilitaron la eliminación de las políticas de cooperación en el ámbito municipal. Lo cierto es que se mantuvo en muchos casos, contra viento y marea.

Llegados a 2017, el Gobierno central tenía que acometer la elaboración de un nuevo Plan Director de la Cooperación que prorrogó, alegando para ello el accidentado periodo electoral, y alcanza 2018 con un compromiso improrrograble. Lo cierto es que, según afirman las ONGD,  este proceso no ha sido tan "participado" como afirma el Gobierno, que ha sacado adelante el texto superando, uno tras otro, todos los obstáculos que le han ido poniendo los partidos de la oposición y la inmensa mayoría de los agentes de la cooperación. El documento se ha ido aprobando solo son los votos del PP, o con voto de calidad de la Administración General del Estado que supera vence, a favor de su propuesta, la negativa de otros agentes.

A día de hoy, el Gobierno central continua argumentando que el V Plan Director de la Cooperación Española seguirá el rumbo de crecimiento de la economía española, supeditado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y dejando en el aire si los contenidos que contempla, 'imprecisos, vagos y sin visión de futuro', según las ONGD y otros agentes de la cooperación, tendrán al menos un apoyo presupuetario que los haga posibles, al menos, en su vaguedad e imprecisión.

Imagen: portal de la AECID.

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