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FAMSI exige el cumplimiento de la legalidad y los Derechos Humanos en la gestión de las migraciones

FAMSI exige el cumplimiento de la legalidad y los Derechos Humanos en la gestión de las migraciones

Frente a los acontecimientos del pasado 6 de febrero en la frontera de Ceuta, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional reclama el respeto a los Derechos Humanos, el cumplimiento de la legalidad nacional e internacional y la publicación de información completa y veraz acerca de lo sucedido, para esclarecer los hechos que desembocaron en lamuerte de 15 personas, mientras intentaban entrar a nado en territorio español.

El cumplimiento de la legalidad internacional no debe chocar con las políticas de control de fronteras y la autonomía de los gobiernos en la gestión de las migraciones no puede pasar por la represión violenta, hasta el extremo de poner en peligro la vida de quienes intentan entrar en territorio español, con el objetivo de buscar una vida mejor.

El FAMSI se suma a la petición del esclarecimiento de los hechos que ya han expresado la Unión Europea, las ONG, los partidos de la oposición, la organización Jueces por la Democracia, los sindicatos y la ciudadanía organizada, entre otras instancias nacionales e internacionales.

Además, solicita la publicación de las imágenes que fueron manipuladas tras la tragedia, a fin de ofrecer una información completa y veraz a la ciudadanía.

El pasado día 6 de febrero, 15 personas murieron cuando intentaban llegar a nado a la costa de Ceuta, mientras que la Guardia Civil y la Gendarmería marroquí utilizaban material antidisturbios para impedirlo.

Tras las primeras horas de confusión, los inmigrantes que presenciaron este episodio aseguraron que la Guardia Civil disparó contra ellos con pelotas de goma y gases lacrimógenos. La primera respuesta del instituto armado fue la negativa taxativa de estos hechos. Mientras que la cifra de fallecidos aumentaba, los partidos de la oposición reclamaban la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el Congreso.

Ahí comenzó la reconstrucción de la secuencia de los hechos, gracias a las declaraciones de los testigos y la presión de las ONG, que han forzado varias rectificaciones por parte del titular de Interior. Fernández Díaz pasó de alabar la acción de la Guardia Civil y la Gendarmería marroquí a admitir que los agentes desplegados en la frontera utilizaron pelotas de goma contra los inmigrantes. Más tarde, tuvo que reconocer que estos disparos apuntaron al agua. Fernández Díaz negaba que se hubiera disparado a los inmigrantes desde las embarcaciones de la Guardia Civil, matizando que fueron “pelotas de goma, desde tierra, nunca desde el mar, nunca sobre la valla y nunca sobre las personas”.

Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, Jorge Fernández Díaz habló de una “barrera disuasoria” para evitar que los subsaharianos llegaran a España a nado, que pretendía “delimitar la imaginaria línea fronteriza que marca el espigón”, y atribuyó el uso de medios antidisturbios a la “inusitada” violencia de los inmigrantes.

Tras la consecución de rectificaciones, el titular de Interior no ha cesado de “reconducir” la versión oficial. El ministro ha insistido en que las muertes se produjeron en “aguas marroquíes”, que las muertes se produjeron por “inmersión” y que estas personas se ahogaron como consecuencia de la “avalancha humana” y no por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, o como lo ha llamado, “sistema de impermeabilización de la frontera”.

La cronología de los hechos comienza con unas imágenes incompletas en las que se observa el intento de entrada. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha reclamado este lunes las imágenes de que disponga, dando traslado a la solicitud de la Fiscalía. Hoy publica la prensa que la respuesta del Ministerio ha sido prometer la entrega de dichas imágenes “en las próximas horas”, pero estas horas se están alargando, hasta el punto de cumplirse hoy ya un día, desde que le fue reclamado este material.

Hoy de nuevo se habla de 30.000 personas esperando en la frontera para entrar en territorio español. Como afirma en su blog el periodista y subdirector de eldiario.es, Juan Luis Sánchez, “y si son 30.000, ni siquiera son muchos”. Según los datos que aporta, si estas 30.000 personas entraran en España, y no se dirigieran a países francófonos, donde hay que suponer que se sentirían más cómodos, la población procedente de países africanos en España “no supondría más del 0,05% de la población española”.

Las ONG ya habían advertido de incumplimientos de la legalidad en la frontera

Solo un día antes del fallecimiento de 15 personas en la frontera, las ONG ya alertaban de supuestas ilegalidades.

APDHA, SOS Racismo y Andalucía Acoge emitieron un comunicado rechazando las reiteradas devoluciones ilegales en las vallas de Ceuta y Melilla y exigiendo responsabilidades al Ministerio del Interior.

Las declaraciones se producían a raíz de una grabación que documentaba un intento de devolución ilegal por parte de agentes de la Guardia Civil en la valla fronteriza entre Melilla y Marruecos de personas extranjeras, “varias de ellas heridas, que habían accedido a la ciudad autónoma de forma irregular”.

Estas imágenes habían sido grabadas por el colectivo Prodein, y respaldaban la denuncia pública de irregularidades en la frontera. Según las organizaciones, estas devoluciones suponen la vulneración directa de lo previsto por la normativa española (LO 4/2000, “Ley de Extranjería”, Ley de Asilo 2/2009) y la europea (Directiva 2008/115/CE, “Directiva retorno”) para las devoluciones y/o rechazos en frontera: asistencia jurídica, intérprete, acceso al derecho de asilo, posibilidad de interposición de recursos y por supuesto, atención al estado de salud de las personas susceptibles de ser expulsadas.

La denuncia de las ONG iba respaldada, además, de una declaraciones del ministro del Interior en las que reconocía la existencia de “casos puntuales” de vulneración de la legalidad vigente en las devoluciones de personas extranjeras hacia Marruecos desde Ceuta y Melilla.

Por todo ello, las organizaciones solicitaban “la apertura inmediata por parte del Ministerio del Interior de los procedimientos encaminados a depurar las responsabilidades disciplinarias y penales que pudieran derivarse de esos “casos puntuales”, así como la no menos inmediata asunción de responsabilidades políticas ante unos hechos de tal gravedad, ya que es obvio que la Guardia Civil no ha actuado sin órdenes directas”.

Ante estos hechos, las organizaciones llegaron a pedir la dimisión del ministro del Interior, ante unos hechos inaceptables en un país democrático.

Solo unas horas después, las organizaciones agrupadas en Migreurop España, APDHA, SOS Racismo Andalucía Acoge y CEAR, exigían la creación de una comisión parlamentaria sobre las prácticas policiales en el control de fronteras en Ceuta y Melilla. Ya se conocía la muerte de 10 personas en la frontera.

Las organizaciones pertenecientes a Migreurop España han exigido “el establecimiento de procedimientos que prioricen el deber de socorro y el respeto de los derechos humanos de las personas que intentan llegar a nuestro país”, instando a la “creación de una comisión parlamentaria que investigue de forma inmediata y urgente las prácticas habituales en el control de las fronteras de Ceuta y Melilla”, y en concreto, la muerte esas diez personas que ya habían aparecido en las primeras horas, así como las expulsiones ilegales reconocidas por el Ministro del Interior.

¿Inmigrante o refugiado?

En el comunicado del pasado 7 de febrero, las ONG no solo denunciaban el uso de material antidisturbios y las devoluciones ilegales. También llamaban la atención sobre la procedencia de muchas de las personas que intentan entrar en España desde países en conflicto, donde se están produciendo persecuciones y violaciones de derechos humanos.

En estos casos, las consecuencias de las políticas migratorias españolas y europeas, según el grupo Migreurop, son aún peores, porque no tienen en cuenta la realidad de los países de origen, ni cualquier consideración de tipo humanitario. Según este comunicado, además, “impiden, en muchos casos, el acceso a la protección internacional a potenciales personas refugiadas”.

Un ejemplo de ello comienza a asomar en los medios de comunicación, aunque aún de forma tímida, pese a la gravedad que entraña. El diariocalledeagua.com hablaba ya a finales de 2013 de los refugiados de la guerra civil siria y de su intento de buscar asilo en Tetuán.

La noticia relata el aumento de estos refugiados sin amparo en las calles de Tetuán. En su mayoría, gente que invirtieron sus bienes en pagar el pasaje del trayecto y que en algunos casos, tuvieron que cruzar la frontera hacia Líbano o Jordania, coger el barco en Turquía, y desde allí, el avión a Casablanca, “y si su condición económica no se lo permitía -por ser familias numerosas- a Argelia, para cruzar luego la frontera a Marruecos”.

A mediados de febrero, las autoridades marroquíes advertían de que un grupo numeroso de personas se dirigía a la frontera de Beni-Enzar. Hasta entonces la entrada de inmigrantes sirios había sido muy reducida, pero ya en enero el colectivo protestaba pidiendo que se les permitiera continuar hacia distinto países de Europa donde pedir asilo político.

La ONU estima que casi dos millones y medio de sirios han huido a países vecinos desde marzo de 2011. El pasado septiembre, Suecia se convirtió en el primer país comunitario en ofrecer residencia permanente a los refugiados. Amnistía Internacional ya ha denunciado el fracaso de la Unión Europea a la hora de acoger a los refugiados de la guerra de Siria.

Fuentes de información y opinión

ODS Local Andalucía

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